La 76 Legislatura del Congreso de Michoacán aprobó una reforma al Código Penal local para tipificar como delito la apología del crimen y la provocación a delinquir, con el objetivo de frenar la impunidad de quienes promueven o glorifican conductas delictivas en el estado.
La medida fue aprobada por mayoría, con 24 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones, y mantiene intacto el ejercicio de la libertad de expresión y el trabajo periodístico.
La reforma incluye la adición del Capítulo VII al Título Cuarto del Libro Segundo del Código Penal de Michoacán, bajo el nombre “Provocación a cometer un delito y apología de este o de algún vicio”.
Establece sanciones de tres a seis meses de prisión para quien incite públicamente a cometer un delito, promueva el consumo de sustancias ilícitas o realice apología de estos actos.
En caso de que el delito no se ejecute, también se contempla una multa de 80 a 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
La ley también considera como autores o partícipes a quienes, por cualquier medio, expresen ideas, difundan imágenes o mensajes que inciten a la criminalidad o exalten a personas vinculadas con grupos delictivos.
“Mediante el dictamen presentado por la Comisión de Justicia, el Pleno del Congreso del Estado, aprobó con 24 votos a favor, 9 en contra y dos abstenciones, adicionar la fracción IX al artículo 24, así como el artículo 163 quinquies y el Capítulo VII al Título Cuarto del Libro Segundo del Código Penal para el Estado de Michoacán, para sancionar a quien por medio de mantas, calcas, volantes, imágenes plasmadas, o cualquier otro medio u objeto haga alusión o promoción de grupos delictivos o personas vinculadas a los mismos”
Señala el comunicado del Congreso de Michoacán
Durante la discusión legislativa, la diputada Sandra María Arreola Ruíz propuso una reserva clave: se adicionó el artículo 163 sexsies, que exceptúa de sanción a quienes informen en el ejercicio legítimo de su trabajo periodístico.
Esta cláusula garantiza que los periodistas, comunicadores y medios no serán criminalizados al reportar hechos relacionados con el crimen organizado, siempre que no promuevan o glorifiquen conductas ilícitas.
El dictamen argumenta que la violencia crece en México y que entre los factores generadores de la misma, están las circunstancias y el entorno en los que las personas se desarrollan; refiere que existe una desconfianza hacía las autoridades encargadas de brindar protección y en correlación, ha ido acrecentando la influencia de la delincuencia organizada en ciertas regiones del país.
Las y los legisladores, enfatizaron que, con dicha reforma penal, no se afectará la libertad de expresión, ya que ésta puede seguirse ejerciendo siempre y cuando en la misma no inciten, provoquen, enaltezcan o de cualquier manera hagan ver como necesarias las actividades criminales.
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