Individuos responsables de delitos cometidos en contra de los animales, especialmente aquellos que involucran crueldad, intencionalidad y la muerte o daños permanentes para la víctima, no son sancionados con severidad ni reciben pena de prisión, debido a que las leyes vigentes prevén un máximo de cuatro años de reclusión en estos casos, advirtió Minerva Bautista Gómez, directora del Instituto Municipal de Protección Animal (Impa).
En entrevista, Minerva Bautista mencionó que, por más crueles, más evidente que resulte la intención de causar daño y más graves que sean sus consecuencias, los delitos en contra de los animales no son considerados como graves y tienen penas de prisión de un máximo de cuatro años, lo que hace que los individuos sentenciados puedan acceder a la suspensión de las penas corporales.
Si ya es mínima la proporción de casos conocidos por las autoridades que son judicializados, apenas en un caso en Michoacán se ha aplicado la pena de prisión a un responsable por la comisión de delitos en contra de los animales, que abarcan desde negligencia hasta crueldad extrema.
Bautista Gómez mencionó que es urgente que los legisladores federales emitan la ley general de bienestar animal, luego que la reforma en la materia se efectuó en diciembre pasado y el plazo de hasta 180 días para definir la normatividad ya está vencido.
Esto, porque la necesaria armonización de las leyes y reglamentos municipales y estatales precisa de un marco federal que ya comprenda los derechos de los animales como seres sintientes y con especial énfasis en la protección y combate contra las peores formas de negligencia, maltrato, abuso y crueldad contra los animales.
Recordó que solo en Michoacán existen varias iniciativas para buscar prevenir y sancionar los delitos cometidos contra los animales, entre las que destacan la creación de una fiscalía especializada y el recrudecimiento de la pena corporal aplicable.
Asimismo, ante el Congreso de la Unión se encuentra la iniciativa conocida como ley Pay de Limón, que busca salvaguardar a los animales ante las peores formas de violación a sus derechos básicos, tomando el nombre del lomito Pay de Limón, víctima de mutilaciones y abusos por parte de integrantes de una célula criminal.
Ojalá que procedan estas iniciativas, si bien lo que requerimos es que las leyes sean lo más generales posibles para que abarquen la mayor cantidad de casos y situaciones, con particular atención en los casos donde se observa el dolo o la intención de causar daño, donde se generan la pérdida de la vida o lesiones permanentes a los animalitos, y donde se detecten actos de crueldad y maltrato extremos.
Actualmente, los juzgadores prefieren llevar los casos de crueldad, negligencia y abandono en contra de los animales, a través de los mecanismos alternativos de solución, pero tenemos que recordar que no todos los daños son susceptibles de ser reparados, no basta con donar croquetas para reparar el trauma psicológico ,la pérdida de la vida o la discapacidad de un michi o de un lomito maltratados”, dijo.
Recordó la directora del Impa que el código penal vigente prevé hasta cuatro años de prisión para quienes resulten responsables de delitos en contra de los animales, lo que brinda la posibilidad de suspensión de la sentencia que involucra pena corporal.
Además, reiteró, los jueces optan en primera instancia por los mecanismos alternativos de solución y no se ejerce el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que indica que las peores formas de delitos contra los animales deben juzgarse como delitos graves.
De enero a octubre de este año, Morelia suma más de mil 700 reportes de negligencia, maltrato, abuso, abandono y crueldad en contra de los animales, con casos como una perrita husky baleada y abandonar al ser dada por muerta; la perrita Aria, que perdió una de sus patitas a causa de la necrosis y las larvas tras permanecer amarrada en el exterior del que debió haber sido su hogar; el perrito Tito, atropellado por un vecino del lugar donde vivía y abandonado para morir; el perrito rescatado de golpes reiterados en Altozano, y más casos.
Bautista Gómez indicó que desde el Impa se impulsa el lanzamiento del reglamento de protección para los animales, donde se establece la imposición de multas económicas para los responsables de casos no susceptibles de ser atendidos por la vía judicial, que van de cinco mil a 50 mil pesos.
Sin embargo, insistió, es necesario que las leyes estatales y federales proporcionen el marco normativo para sancionar de manera severa, con inclusión de pena corporal, a quienes incurren en estos ilícitos.
En una reunión reciente con la Fiscalía General del Estado (FGE) nos explicaron que, por más crueles que sean los casos, se necesita cumplir con requisitos para que no solamente se dé vista, sino se inicie una carpeta de investigación, algunos de estos son determinar que el delito involucra crueldad y maltrato extremos, si es culposo o intencional y ver si es posible judicializarlo.
Aún en estos momentos, la decisión de judicializar depende mucho de los jueces, porque ellos tampoco tienen elementos suficientes y esto nos desanima, porque no se está protegiendo a los animales como se debe, en Michoacán, nos comentan, se tiene el antecedente de un solo caso de una persona que pisó la cárcel tras haber cometido delitos en contra de los animales”, destacó Minerva Bautista.
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