El diputado local por Zamora, David Martínez Gowman, presentó una iniciativa que propone sancionar con multas de hasta 300 días y cárcel de hasta 5 años, el delito de “fraude parental”, que se cometería cuando una persona atribuye a un tercero, con dolo, una paternidad que no le corresponde.
A quien atribuya a terceros de forma deliberada las obligaciones de parentesco o de paternidad que no le corresponda intentando registrar, registre o haga registrar a una persona. Iniciativa legislativa propuesta por David Martínez Gowman, diputado del PVEM en el Congreso de Michoacán.
La disposición se complementa con un castigo de hasta tres años de prisión, multa de hasta mil días y la suspensión de los derechos que tenga la persona que delinque con respecto al ofendido, cuando el delito de fraude parental sea cometido con la finalidad de alterar su estado civil.
A quien con el fin de alterar el estado civil (…) Intente registrar, registre o haga registrar a una persona, atribuyendo a terceros la paternidad que no le corresponda. Iniciativa legislativa propuesta por David Martínez Gowman, diputado del PVEM en el Congreso de Michoacán.
Aunque el cambio concreto dice “fraude parental”, el texto habla, durante toda la exposición de motivos, del “fraude de paternidad”, y aunque asegura que es necesario y urgente legislar sobre este tema, “dada la pluralidad de casos”, no refiere estadísticas del ámbito local, en México o Michoacán.
El diputado escribe que la iniciativa no busca “demonizar” a las madres, sino castigar a quienes delinquen, sobre la premisa de que un hombre sufre un trauma cuando se da cuenta de que no es padre biológico de quien creyó que sí, por lo que el tema estaría “más allá” del aspecto financiero.
El impacto va más allá de las cargas financieras, ya que causa angustia emocional al descubrir que el hijo que creían biológico no comparte ningún vínculo genético. Iniciativa legislativa propuesta por David Martínez Gowman, diputado del PVEM en el Congreso de Michoacán.
Entre los mecanismos que enlista para identificar el fraude parental incluye la “manipulación para la manutención de los hijos”, la “manipulación de pruebas de paternidad de ADN”, la “falta de comunicación o malentendido”, y el “desconocimiento de múltiples padres potenciales”.
La iniciativa replica en el ámbito local la del diputado federal Ernesto Núñez Aguilar, también del PVEM, que fue objeto de críticas debido a que, a juicio de algunas lecturas feministas, criminaliza a las mujeres que ejercen la maternidad en contextos de desigualdad de género estructural y violencia.
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