El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Michoacán para tipificar de manera específica el fraude cometido por empresas o seudoempresas de autofinanciamiento automotriz, agravar las penas y establecer que este delito se persiga de oficio, con responsabilidad penal para todas las personas involucradas en la estructura, sin importar su jerarquía o rol.
La propuesta surge ante la proliferación en Morelia y otros municipios de empresas que ofrecen vehículos con enganches bajos y mensualidades atractivas, pero que incumplen sistemáticamente la entrega, desaparecen o simulan contratos mercantiles para evadir la justicia penal. En los últimos dos años, al menos cuatro de estas autofinancieras han sido denunciadas formalmente en la capital michoacana, con cientos de afectados que entregaron enganches y varias mensualidades sin recibir el automóvil prometido.
Entre los casos recientes se encuentran las denuncias colectivas contra empresas como Auto Crédito Fácil, Moto Crédito Michoacán y Financiera del Pueblo, que operaban con oficinas en colonias como Chapultepec, Morelos y el centro histórico. La Fiscalía General del Estado detuvo a 11 personas relacionadas con estas estructuras: dos administradores, tres vendedores y seis empleados administrativos.
Casos similares se han presentado en otros estados. En Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Puebla se han registrado desfalcos millonarios por autofinancieras fraudulentas.
“Cuando las personas se enfadan del incumplimiento del supuesto contrato y después de las negativas respecto a la entrega del vehículo y el maltrato que reciben al exigir sus derechos, es que se dan cuenta que fueron víctimas de un fraude. A estas alturas ya dieron su enganche y pagaron al menos unas dos o tres mensualidades”, se lee en la exposición de motivos presentada por el diputado Valencia Reyes.
La reforma propuesta por el legislador priista busca duplicar las penas previstas en el artículo 217 del Código Penal cuando el fraude se cometa mediante la simulación de contratos de autofinanciamiento automotriz, y establece la responsabilidad penal solidaria de todos los involucrados en la estructura (directivos, empleados, vendedores, promotores), sin importar su posición jerárquica. Además, elimina la necesidad de querella particular y convierte el delito en perseguible de oficio.
Guillermo Valencia Reyes criticó la pasividad de autoridades municipales y fiscales que permitieron el funcionamiento de estas empresas sin licencias ni autorizaciones federales. El diputado argumenta que la reforma es urgente para erradicar de forma permanente esta modalidad de fraude que afecta principalmente a familias de ingresos medios y bajos que buscan adquirir un vehículo mediante planes accesibles.
