Una iniciativa presentada en el Congreso de Michoacán propone impedir que empresas con adeudos laborales, fiscales o de seguridad social puedan celebrar contratos con el Gobierno del Estado. La reforma busca fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar que los recursos públicos sean asignados únicamente a proveedores que cumplan con sus obligaciones legales.
La propuesta plantea modificar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado para exigir que las empresas dedicadas a servicios especializados acrediten contar con un registro vigente en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), además de presentar opiniones positivas de cumplimiento emitidas por el SAT, el IMSS y el Infonavit.
Asimismo, contempla que el Comité de Adquisiciones pueda suspender o cancelar el registro de proveedores que pierdan su inscripción en el REPSE o incumplan de manera grave con sus obligaciones laborales, fiscales o de seguridad social. También establece que las dependencias estatales deberán abstenerse de contratar empresas que no acrediten el cumplimiento de estos requisitos.
Los impulsores de la iniciativa señalaron que la reforma busca fomentar una competencia más equitativa entre las empresas, fortalecer la cultura del cumplimiento y asegurar que las compañías que reciban recursos públicos respeten los derechos laborales de sus trabajadores. En caso de aprobarse, las nuevas disposiciones entrarían en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
