El Gobierno de Michoacán solicitó una pena de 12 años de prisión para Raúl Meza Abonce, un activista de 27 años que participó en las protestas realizadas tras el asesinato del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.
La acusación sostiene que Meza no participó únicamente como manifestante, sino que habría formado parte de una acción colectiva y organizada que derivó en actos violentos contra el Palacio de Gobierno de Michoacán, bajo un supuesto “plan común” y con división de funciones.
La Fiscalía, con el respaldo del Gobierno estatal como parte coadyuvante, acusa al activista por el delito de sabotaje y solicita, además de la pena de prisión, la suspensión de sus derechos políticos durante 12 años.
El gobierno también reclama una reparación del daño por aproximadamente 1.37 millones de pesos, correspondiente a los daños ocasionados en el Palacio de Gobierno, entre ellos afectaciones al inmueble, mobiliario, equipo de cómputo, puertas y cristales.
La defensa de Meza considera desproporcionada la acusación y sostiene que el joven se encontraba entre las personas que protestaron debido al hartazgo generado por la violencia en Michoacán. Su abogado también señaló que Meza había sido víctima indirecta de la violencia, pues su hermano y su novia fueron asesinados en hechos distintos durante 2023.
Durante aquella protesta, Meza se convirtió en uno de los rostros más visibles después de ingresar al Palacio de Gobierno, tomar una bandera y ondearla desde el balcón del edificio.
El Gobierno estatal sostiene que las manifestaciones rebasaron los límites de la protesta legítima debido a los daños ocasionados y al uso de objetos incendiarios que habrían puesto en riesgo a personas y bienes públicos.
La defensa interpuso un recurso de amparo para frenar el proceso penal. Además, está prevista una audiencia intermedia para el 3 de septiembre, en la que se determinará qué pruebas podrán incorporarse al eventual juicio.
