El Gobierno de Michoacán puso en marcha la estrategia “Niñas y Adolescentes Libres y Seguras 2026”, con la que busca prevenir la violencia sexual, el embarazo infantil y adolescente, las uniones tempranas y la cohabitación forzada, mediante acciones de información, orientación y protección dirigidas a niñas y jóvenes.
La iniciativa fue presentada por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) y concentrará sus actividades en los municipios de Cherán, Chilchota, Nahuatzen y Paracho, con prioridad en comunidades rurales y zonas urbanas de la periferia.
El programa cuenta con financiamiento del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (Fobam). Sus acciones se promoverán también a través de los Centros LIBRE, con el propósito de acercar información sobre derechos, prevención de la violencia y mecanismos de atención a quienes se encuentren en situaciones de riesgo.
La estrategia contempla visitas casa por casa, actividades informativas en escuelas, jornadas en espacios públicos y pláticas de orientación. Estas intervenciones buscan facilitar que niñas y adolescentes identifiquen situaciones de violencia y conozcan las opciones disponibles para solicitar ayuda.
Asimismo, se trabajará con madres, padres y personas cuidadoras mediante charlas sobre métodos anticonceptivos, detección de uniones tempranas y rutas de atención ante posibles casos de violencia sexual. También participarán docentes, personal de salud y autoridades municipales y comunitarias para fortalecer la identificación oportuna de riesgos.
La titular de Seimujer, Alejandra Anguiano González, señaló que prevenir el embarazo infantil requiere atender las desigualdades que favorecen la violencia y garantizar que las menores tengan acceso a educación, información, salud y una vida libre de agresiones.
Como parte de las acciones, se prevé crear redes de mujeres y lideresas comunitarias que contribuyan a acercar los servicios a la población. Además, se elaborarán materiales adaptados a las lenguas originarias y a los contextos culturales de cada comunidad.
Con esta estrategia, las autoridades estatales buscan reforzar la prevención desde los hogares, las escuelas y los espacios comunitarios, así como ampliar el acceso de niñas y adolescentes a información y mecanismos de protección para ejercer sus derechos.
