El Congreso de Michoacán discutirá este miércoles en sesión de Pleno una reforma al artículo 123 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública que obligaría al Estado a otorgar una pensión económica mensual a los hijos de policías que fallezcan en cumplimiento de su deber en actividades de alto riesgo.
El dictamen, promovido por Santiago Sánchez Bautista ya está avalado por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, propone adicionar un segundo párrafo a la fracción quinta del artículo referido; será sometido a consideración del pleno este miércoles en sesión pública.
La modificación establece que, en caso de fallecimiento de un elemento policiaco durante labores de combate a la delincuencia, el Estado deberá cubrir los gastos de manutención y educación de sus hijos hasta que cumplan 18 años, o hasta los 23 si continúan estudiando.
Este apoyo sólo aplicaría en caso de que los beneficiarios no reciban pensión conforme a la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán.
Además, el beneficio se limitaría a hijos de policías operativos, excluyendo a quienes desempeñan funciones administrativas.
Según el dictamen, esta medida busca responder al vacío legal que deja a muchas familias sin respaldo económico tras la pérdida del principal sostén del hogar, a pesar de que la ley vigente ya contempla un seguro de vida básico.
El documento enfatiza que el Estado debe asumir su responsabilidad con las familias de quienes pierden la vida en cumplimiento del deber, y se califica esta reforma como una acción de justicia y una inversión en seguridad pública, al reforzar la certeza de los elementos activos sobre el respaldo institucional a sus familias.
De ser aprobado, el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial.
El Ejecutivo estatal dispondrá de 180 días hábiles para adecuar los reglamentos correspondientes y deberá prever las asignaciones presupuestales en el ejercicio fiscal 2026.
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