El pasado jueves se dio a conocer el envenenamiento de perros en condición de calle en Paracho, este caso se suma a los 150 registrados en el transcurso de enero a septiembre por la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo a cifras oficiales de ese organismo autónomo, encargado de perseguir y sancional el delito de maltrato y crueldad animal, Morelia, Zitácuaro, Apatzingán, Tarímbaro y Uruapan encabezan la lista de los cinco municipios con más casos denunciados.
En el caso del municipio capitalino, de enero a septiembre, se recabaron 52 denuncias.
Por número de casos, se encuentra en el primer lugar, pero por tasa de incidencia delictiva, es Aporo, ya que suceden 26.17 casos de maltrato animal por cada 100 mil habitantes.
En el primer semestre del año, a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, la representación social logró judicializar seis casos en el semestre enero-junio del presente año.
También se presentaron ante un juez local cuatro asuntos diversos, dos por maltrato y dos por crueldad animal.
El maltrato y crueldad animal puede ir desde golpear, matar, no alimentar o tener a un animal doméstico en condiciones de abando, por ejemplo.
El Código Penal del Estado por maltrato o crueldad animal no implica prisión preventiva, pero si una multa de hasta 500 días de salarios minimos.
“Crueldad contra los animales Comete el delito de crueldad quien inflige daño físico a un animal, que no constituya plaga ni peligro para la salud o vida humana, con el único fin de lastimarlo o privarlo de la vida, y se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente”, señala el Código. Sin embargo, de acuerdo a la norma aprobada por el Congreso de la Unión, si la pena no rebasa los cinco años, puede recibir la sanción en libertad.
Además, el Código sanciona a quien “en el trato doméstico o laboral cotidiano, realice actos abusivos o negligentes, u omisiones, que menoscaben la integridad física de cualquier animal que no constituya plaga o peligro para la salud o vida humana, y se le impondrán de seis meses a un año de prisión y de veinte a doscientos días multa”.
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