La violencia que afecta al Valle de Apatzingán, Michoacán, provocó que 10 escuelas permanecieran sin alumnos debido a la suspensión de clases como medida preventiva para proteger a estudiantes y docentes. La situación también repercutió en el aprovechamiento académico, ante la falta de continuidad en las actividades presenciales.
Jairo Mandujano Ortega, dirigente de una de las expresiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Sección XVIII, explicó que maestros y padres de familia optaron por interrumpir las clases ante los hechos violentos registrados en municipios como Apatzingán, Aguililla y Coalcomán.
Aunque la suspensión permitió reducir temporalmente la exposición de la comunidad escolar a situaciones de riesgo, las actividades a distancia no lograron sustituir por completo el aprendizaje en las aulas. El dirigente señaló que los docentes dejaron tareas para que los estudiantes continuaran trabajando desde sus hogares, pero reconoció que esta modalidad no ofrecía los mismos resultados que la enseñanza presencial.
La Secretaría de Educación del Estado permitió ciertas consideraciones en la asistencia para evitar que los menores perdieran el ciclo escolar. Sin embargo, esta medida no resolvió los problemas relacionados con la interrupción de las clases ni las condiciones de inseguridad que enfrentaban las comunidades.
Además, alrededor de 100 docentes habían solicitado cambios de adscripción o se habían desplazado de sus centros de trabajo debido a la violencia. Estos movimientos no se habían concretado en su totalidad, pues era necesario encontrar personal que cubriera las plazas para evitar que otros planteles se quedaran sin maestros.
Ante la falta de personal, se planteó la posibilidad de incorporar a egresados de escuelas normales para cubrir algunos espacios, aunque se advirtió que su limitada experiencia y el desconocimiento de las comunidades podían representar dificultades para desempeñar sus funciones.
La crisis educativa también se relacionó con el desplazamiento de habitantes de la región. La activista Carmen Zepeda reportó que 23 comunidades habían sido afectadas por la violencia y que tres quedaron completamente deshabitadas. Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que autoridades estatales y el DIF brindaban acompañamiento a 35 familias desplazadas.
La situación evidenció las consecuencias de la inseguridad en la educación de niñas y niños de la región, quienes enfrentaban dificultades para asistir regularmente a clases y continuar su formación académica.
