A un año del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, la Fiscalía General del Estado de Michoacán señaló que el homicidio fue una represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como consecuencia de los enfrentamientos y acciones de seguridad que el entonces presidente municipal encabezó contra grupos delictivos que operaban en la región.
Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía estatal, informó que las investigaciones no habían encontrado elementos que apuntaran a un móvil político detrás del crimen. Por el contrario, las indagatorias identificaron como principal línea de investigación una venganza relacionada con las acciones emprendidas por Manzo contra integrantes de la organización criminal.
De acuerdo con la información recabada por las autoridades, uno de los antecedentes que habría desencadenado la agresión fue la detención de René Belmontes Aguilar, conocido como El Rhino o El Chamuco, señalado como presunto jefe de plaza del CJNG en Uruapan. Su captura ocurrió el 27 de agosto de 2025 y, posteriormente, el entonces alcalde lo exhibió durante una transmisión en vivo en redes sociales, situación que habría provocado la reacción del grupo criminal.
La Fiscalía también reveló que la organización habría ofrecido dos millones de pesos para concretar el asesinato del exedil, quien fue atacado a balazos el 1 de noviembre de 2025, mientras participaba en el Festival de Velas, en el centro de Uruapan. Durante la agresión, el presunto responsable material, un adolescente de 17 años originario de Paracho, fue abatido por los elementos de seguridad que acompañaban al alcalde. En el mismo hecho, un regidor resultó herido de bala.
Respecto a los avances del caso, la dependencia informó que contabilizaba 34 personas detenidas por su probable participación en el homicidio, de las cuales al menos 29 ya habían sido vinculadas a proceso. Entre los principales señalados se encontraba Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R-1, identificado por las autoridades como presunto autor intelectual y dirigente de la célula criminal conocida como Los Rs.
También figuraba Jorge Armando Gómez Sánchez, conocido como El Licenciado o El Contador, a quien se le atribuyó la coordinación del ataque. Su detención se realizó en Morelia en noviembre de 2025 y posteriormente fue ingresado al penal del Altiplano.
En el balance presentado, la Fiscalía detalló que había desarrollado alrededor de tres mil 500 actos de investigación, analizado mil 200 horas de grabaciones de video, participado en 120 audiencias y realizado tres mil actuaciones periciales, además de 72 extracciones de información. Con estos trabajos, estimó un avance del 90 por ciento en el esclarecimiento del homicidio.
Sin embargo, todavía permanecían pendientes algunas diligencias, entre ellas ejecutar una orden de aprehensión contra el coronel José Manuel Jiménez Miranda, quien se desempeñó como jefe de escoltas del exalcalde, así como obtener dos teléfonos celulares que pertenecieron a Carlos Manzo y que, según la Fiscalía, estaban en poder de su viuda y actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García.
La solicitud de entrega de los dispositivos había generado diferencias públicas entre la alcaldesa y las autoridades ministeriales, debido a que la Fiscalía buscaba realizar análisis forenses para revisar la información almacenada y posibles modificaciones en las comunicaciones del exedil. Quiroz García rechazó los señalamientos en su contra y calificó las acusaciones como parte de una campaña política.
Por otra parte, las investigaciones también alcanzaron a funcionarios y personas cercanas al entorno del exalcalde. Entre ellos se encontraba Samuel García Rivero, exdirector de Protocolo del Ayuntamiento, señalado por presuntamente proporcionar información sobre los movimientos y actividades de Manzo a integrantes de la estructura criminal.
Asimismo, se reportó la detención de Rosa Alejandra Vargas, secretaria de Bienestar de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.
Finalmente, la Fiscalía estatal sostuvo que las evidencias reunidas hasta ese momento apuntaban a una represalia del CJNG por las acciones de seguridad impulsadas por Carlos Manzo, mientras continuaban las diligencias para completar la investigación y determinar la responsabilidad de todas las personas involucradas.
