El uso de drones con explosivos y minas terrestres por parte de grupos del crimen organizado se ha extendido a distintas regiones de Michoacán. Entre 2025 y 2026 se documentaron ataques y hallazgos de artefactos explosivos en 15 municipios adicionales al Valle de Apatzingán, donde esta modalidad de violencia se ha registrado con mayor frecuencia.
De acuerdo con un recuento de hechos confirmados por autoridades y documentados por medios de comunicación, los casos se distribuyen en regiones como la Costa, la Meseta Purépecha, Zamora, Lerma-Chapala, el Oriente y el bajo Balsas.
En la región de Zamora, por ejemplo, durante enero de 2025 fueron localizados explosivos en Jacona y Tangamandapio. En el primero, las autoridades encontraron 10 artefactos improvisados en cinco campamentos clandestinos, mientras que en la comunidad de La Cantera fueron ubicados otros dos dispositivos.
En Uruapan y Nahuatzen también se reportaron explosivos adaptados para ser lanzados desde aeronaves no tripuladas. En agosto de 2025, elementos de seguridad desactivaron tres artefactos en la localidad de Río Volga, mientras que en diciembre encontraron 32 granadas modificadas y otros dispositivos en la zona serrana de Comachuén.
Uno de los episodios más graves ocurrió en mayo de 2025, cuando una mina terrestre explotó al paso de un vehículo militar en la localidad de El Santuario, en los límites de Michoacán y Jalisco. La detonación causó la muerte de seis integrantes de las fuerzas armadas y dejó a otros dos lesionados.
Los registros también incluyen hechos en Tuzantla, Tacámbaro, Queréndaro y Zinapécuaro, donde se han localizado explosivos, registrado ataques con drones y reportado enfrentamientos armados. En este último municipio, una agresión contra la Presidencia Municipal en octubre de 2025 dejó daños en viviendas y una mujer adulta mayor lesionada.
En la región Sierra-Costa, los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila también han enfrentado este tipo de situaciones. En Coahuayana, la explosión de un vehículo cargado con explosivos frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria, en diciembre de 2025, dejó cinco personas muertas y 12 heridas.
Mientras tanto, en Aquila, un hombre perdió la vida tras la detonación de una mina terrestre en enero de 2026. En Tingüindín, las autoridades localizaron seis artefactos explosivos improvisados durante recorridos de vigilancia realizados en junio del mismo año.
Los dispositivos utilizados por las organizaciones criminales incluyen minas terrestres, explosivos improvisados y granadas modificadas para ser transportadas y arrojadas mediante drones. De acuerdo con la información recopilada, también se ha identificado la participación de personas con experiencia militar y trabajadores con conocimientos en pirotecnia en la fabricación y operación de estos artefactos.
La expansión de estas prácticas representa un riesgo para habitantes, comunidades rurales y elementos de seguridad, además de agravar las condiciones de violencia y desplazamiento en distintas zonas del estado.
